COMISIÓN DE PRENSA Y PROPAGANDA DE AFUSEC
El presidente del Sunca, Oscar Andrade dijo que «va a haber senadores que van a levantar la mano para que sea delito poner a gurises a laburar arriba de un andamio y senadores que van a levantar la mano para que eso siga impune».
Miles de trabajadores del Sindicato Único de la Construcción con apoyo de otros pertenecientes al PIT-CNT se movilizan en las afueras del Palacio Legislativo mientras observan la sesión del Senado a la interna en pantalla gigante.
El presidente del Sunca, Oscar Andrade, dijo en medio de la multitud que «va a haber senadores que van a levantar la mano para que sea delito poner a gurises a laburar arriba de un andamio y senadores que van a levantar la mano para que eso siga impune. Esa es la discusión. Hay una línea que va a dividir a los legisladores que van a entender y acompañar que no es posible poner a 20 trabajadores a trabajar en un sótano en trabajo confinado y arriesgar que mueran y quede impune. Y van a haber legisladores que van a entender que eso se arregla con una multa. Ese es el debate principal».
Andrade también dijo que en el Código Penal «los únicos delitos que permiten ser culposos son muerte o lesiones» y que «acá es claro que estamos hablando de un delito de peligro por lo tanto el delito tiene que ser doloso; no hay duda de que tiene que ser un delito de conciencia, pero no es un pedido del sindicato es un planteo que hacen lo asesores jurídicos. En todos los delitos de peligro, es obvio que son intencionales y no existe el concepto de deliberado».
Para la movilización se dispuso el corte de las calles y la instalación de un escenario con pantalla y sillas:
Hay más de 70.000 trabajadores rurales que esperan para las próximas horas un convenio salarial que, además de mejorar sus ingresos, establezca mejores condiciones laborales.
Hasta este miércoles de tarde la negociación seguí trancada tras varios meses de discusiones entre los trabajadores y las empresas, representadas por la Asociación y la Federación Rural, entre otras organizaciones patronales.
Según supo Subrayado, el Ministerio de Trabajo tiene pronta una propuesta para someter a votación si continúa la falta de acuerdo.
La propuesta del gobierno transita el camino del medio, entre los ingresos que reclaman los trabajadores y lo que hasta ahora están dispuestos a pagar los empleadores.
El planteo oficial establece que los peones especializados tendrán un salario de $ 11.461, retroactivo a julio de este año. Los peones especializados del sector arrocero ganarían $ 10.600.
Estos serían los sueldos base, desde allí se agregarían los ajustes anuales correspondientes.
Otro elemento que fijará el gobierno, si no hay acuerdo entre las partes, es que los empleadores deberán proveer a los trabajadores de todos los elementos necesarios para cumplir con su tarea.
Hasta este miércoles no había acuerdo, pero las negociaciones continúan. Si el gobierno somete a votación su propuesta, es muy probable que sea aprobada con el voto de los trabajadores rurales y, por supuesto, de los representantes del Ejecutivo.
Movilización de trabajadores, ayer, desde la Torre Ejecutiva al Palacio Legislativo.Foto: Pablo Vignali
Cooperativas de vivienda y sindicatos públicos se movilizaron frente a la Torre Ejecutiva y el Palacio Legislativo.
La marcha partió desde el vallado de la Torre Ejecutiva, en la plaza Indepedencia, encabezada por la conocida casita rodante de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) y una enorme pancarta que decía: “Las organizaciones populares marchamos por más vivenda, más salud y más educación”.
La movilización fue originalmente una iniciativa de FUCVAM a la que se fueron sumando distintos gremios y sindicatos, mayoritariamente públicos y en su mayoría conducidos actualmente por dirigentes de la izquierda no frenteamplista.
Terminaron convocando, además de FUCVAM, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), la Asociación de Funcionarios de UTU, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria, la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu-Montevideo), la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES), la Unión de Funcionarios del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Centro de Estudiantes de Magisterio, el Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas, el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas, la Asociación de Obreros y Empleados Municipales de Montevideo y la Asociación de Funcionarios del CASMU.
Pese a tanta diversidad, se logró acordar una plataforma común y que al cierre de la marcha hablaran sólo cuatro oradores. Las reivindicaciones incluían el reclamo por el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación, mayor presupuesto para vivienda y salud, autonomía y cogobierno en la enseñanza, salario mínimo equivalente a media canasta básica, tierras en condiciones para la construcción de viviendas, sistema único estatal de salud y rechazo a las privatizaciones en el Estado.
La marcha tomó por la avenida 18 de Julio y los manifestantes despidieron a la Torre Ejecutiva con una batería de petardos. FUCVAM le puso colorido a la movida. Además de ser la organización que arrimó más gente en el transcurso de la marcha, cada cooperativa de vivienda estaba identificada con chalecos o remeras de colores con letras estampadas: Covicuer 2010 eligió el naranja fosforescente, Coviluyfa el rojo, Covimar 2011 el amarillo patito, Covipafi el verde, Coviami el azul y así sucesivamente. Hubo muchas motos, bicicletas y hasta cochecitos de bebés, una batucada, banderas, bombas de estruendo. Y ningún incidente.
La marcha dobló por la calle Paraguay para pasar por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En la esquina con Colonia había un vallado y frente al edificio donde trabaja Fernando Lorenzo estaba apostado un vehículo policial y ocho efectivos que rápidamente corrieron a formarse detrás de la valla, a escasos metros de donde pasaba la marcha.
Un joven quiso pasar y le pidió permiso al oficial a cargo. En el instante en que se le iba a permitir pasar el vallado, el policía se dio cuenta de que en la mano del joven había un sospechoso envase de aerosol. Simplemente se lo requisó y le dio la orden de salir de la zona vallada. Más allá de algunos cánticos como “Ay que no alcanza el presupuesto de la enseñanza y sobra en pila el presupuesto de los gorilas” y de un par de bombas que explotaron en el aire, la marcha no se detuvo en el MEF. Algunos de los policías que estaban en el lugar tenían las caras tapadas con pasamontañas por debajo del casco. Uno de los manifestantes comentó: “¿Viste que ellos también están encapuchados?”.
La marcha continuó por Paraguay y tomó Avenida del Libertador. Frente al Centro Militar no había vallado. Sólo un furgón policial estacionado al frente del lugar, que seguramente estaría cargado de efectivos. La gente ni siquiera se detuvo y continuó hacia el Palacio Legislativo para escuchar la oratoria.
En un pequeño estrado montado en la calle entre el Palacio Legislativo y el edificio anexo, hicieron uso de la palabra la sindicalista Mónica Ramírez (ADES), los secretarios generales de Ademu, Raquel Bruschera, y de FUCVAM, Fernando Zerboni, y el presidente de COFE, Pablo Cabrera. Ramírez dijo que con la última Rendición de Cuentas del “gobierno progresista” la situación de la educación pública “no ha cambiado”, y criticó a la ANEP por implementar planes patrocinados por organismos financieros internacionales. Todos los programas como “Prolee, Promejora, y muchos otros pro, no se aplican en la educación privada”, lo que implica que “se están formando dos categorías de ciudadanos, manteniendo las mismas desigualdades”. Fustigó la política de exonerar de impuestos a las multinacionales de la celulosa, la minería, la soja y los terratenientes, y “las empresas privadas de la educación tampoco pagan impuestos ni aportes patronales, por lo que el Estado deja de recaudar millones de dólares con los que podría aumentar el presupuesto para la salud, la educación y la vivienda, sin aumentar otros impuestos ni generar inflación”.
Por su parte, Bruschera dijo que los promedios de inversión en educación en la región son muy superiores a los de Uruguay y exigió que se otorgue el 6% del PIB para ese fin. Criticó a la Universidad Tecnológica por considerarla una iniciativa “privatizadora” que representa “la mercantilización” del sector y que ha sido pensada para “formar técnicos que respondan a las demandas de los empresarios y del capital”. Zerboni reclamó una revisión del precio de la unidad reajustable, que siempre “aumenta más de lo que aumentan los salarios de los trabajadores”, y anunció que FUCVAM va a lanzar la propuesta de generar un “gran debate” entre todas las organizaciones sociales para crear un “plan nacional de vivienda” de largo plazo, que cubra las necesidades de los sectores que no pueden acceder a ese derecho.
Finalmente, Cabrera reclamó un compromiso con el “no a la baja de la edad de imputabilidad” y dijo que los temas sociales “no se pueden medir por separado”, por lo que vivienda, educación y salud “van de la mano”. “Vemos que el país crece y crece y nunca se derrama para la mano de la clase trabajadora. Las diez empresas más importantes tienen subsidios que superan dos veces el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social”, agregó, y reclamó que esos subsidios se “vuelquen” a salud, educación y vivienda. “Que pague más el que tiene más, que pague menos el que tiene menos y el que no tiene nada que no pague nada, porque así se construye la sociedad”, dijo.
El Ministerio de Trabajo pidió a sus negociadores que realicen planteos a trabajadores y empresarios en las rondas de Consejos de Salarios para intentar acercar a las partes y dinamizar la Negociación Colectiva, luego de que el diálogo en algunos sectores quedara estancado, generando críticas desde el PIT CNT hacia las cámaras empresariales.
El ministro de Trabajo Eduardo Brenta dijo este miércoles, en declaraciones recogidas por la Secretaría de Comunicación de Presidencia, que en los últimos días «francamente no veíamos una actitud proactiva de búsqueda de acercamiento a las propuestas iniciales y, en algunos casos, hasta carencia de propuestas».
De todas formas, el ministro se mostró confiado de que «estamos transitando por una etapa que naturalmente se da» en la que existe «un posicionamiento de parte de los sectores, posicionamiento que luego va encontrando sus carriles». En ese sentido, recordó que más del 85% de los grupos que negociaron alcanzaron un acuerdo.
Brenta anunció que los negociadores del MTSS realizarán «planteos de carácter general» a empresarios y trabajadores, en procura de establecer incrementos salariales del cero al 3% anual. El ministro explicó que «esto de alguna manera está asociado a la natural desaceleración que la economía está viviendo, producto fundamentalmente de un escenario internacional que ya es adverso hace muchos años» pero que los incrementos responden a que «a pesar de esto, el país sigue creciendo».
El secretario de Estado indicó que el MTSS clasificó los sectores entre los que tienen «dificultades reales», los que están en una «situación intermedia» y los que mantienen una «buena situación». De esta forma, se piensa en un incremento adicional para los sectores más bajos, en línea con el aumento del Salario Mínimo Nacional a 10 mil pesos al 1° de enero de 2015.
Según Brenta, la ronda de Consejos de Salarios debería cerrarse a fines de setiembre, momento en que el gobierno hará una evaluación. «Seguramente en ese momento ya tendremos algunos convenios firmados y probablemente otros con preacuerdo. Allí vamos a ser más flexibles, pero donde tengamos sectores que no hayan avanzado nada, empezaremos a hacer propuestas ya con el objetivo de establecer la votación, que es el mecanismo de que dispone el Poder Ejecutivo para establecer la fijación de los salarios y la licencia sindical, únicos aspectos en los que puede votar», aseguró.
Cruce entre PIT CNT y Cámaras
Este miércoles, el presidente de la Cámara de Industrias Javier Carrau rechazó que las cámaras empresariales estén «trancando de manera coordinada» la Negociación Colectiva, tal como afirmaron ese mismo día los dirigentes del PIT CNT.
La acusación surgió de los coordinadores del PIT CNT Marcelo Abdala y Fernando Pereira, durante un encuentro con la prensa en la mañana del martes. Según declaraciones de Abdala recogidas por El País, las cámaras empresariales llevan adelante una «intransigencia coordinada» en todos los sectores.
«Las cámaras empresariales mantienen una actuación política para inhibir los acuerdos en la negociación colectiva. Es una negatividad coordinada con un sentido político que surge del documento que presentaron las cámaras empresariales hace unos días. Por eso estamos reclamando el Poder Ejecutivo que influya más positivamente en el despliegue de la negociación», agregó el dirigente, según recoge el matutino.
En diálogo con Montevideo Portal, Carrau afirmó que estas apreciaciones «son falsas» y que «al menos la Cámara de Industria jamás tuvo ese objetivo». En ese sentido, afirmó que «desde que comenzó esta ronda de la Negociación dijimos que nuestra intención era salir de ella lo más rápido posible».
El presidente de la CIU explicó que «a los empresarios no nos sirve que se extienda la negociación porque se van acumulando meses que después hay que pagar con retroactividad».
Carrau reconoció que, de todas formas, «hay sectores que están muy bien y otros sectores que no lo están», intentando explicar la falta de avances en algunos de los grupos de los Consejos de Salarios.
«No hay ningún tipo de trama para demorar la negociación», enfatizó, asegurando que la voluntad de los empresarios es «terminar la negociación en setiembre».