El Poder Ejecutivo presentó ayer el proyecto de ley con el que establece la metodología para que quienes tenían 50 años al 1° de abril de 2016 puedan desafiliarse del sistema de jubilación por ahorro individual obligatorio de manera retroactiva siempre que no estén ya jubilados.
La fórmula abarca a quienes tenían 50 años el primero de abril del año pasado. Foto: F. Flores
La solución no convence a expertos y opositores que creen que, tal como está redactada, la iniciativa abarca a un universo más amplio de trabajadores del que realmente sería necesario para contemplar la situación de quienes pudieron verse perjudicados por la reforma previsional de 1996.
El proyecto del gobierno establece que la desafiliación podrá realizarse por una única vez, de manera irrevocable y ante el Banco de Previsión Social (BPS). El interesado deberá asesorarse obligatoriamente y en forma previa con el BPS que deberá realizar un análisis de la trayectoria laboral del afiliado y una estimación de las eventuales prestaciones a las que podría acceder de acuerdo con la decisión que adopte.
Se establece un cronograma al que deberán atenerse quienes quieran recibir asesoramiento. Quienes tuvieran 56 años o más al 1° de abril del año pasado podrán solicitar asesoramiento en el año posterior a la entrada en vigencia de la ley.
El grupo que va de los que tenían entre 53 y 55 años a esa misma fecha podrá hacerlo en el año posterior al primero de vigencia de la norma. Y quienes iban de 50 a 52 años al mismo momento de 2016 deberán hacerlo pasados dos años a contar desde cuando la norma empezó a regir.
El BPS dará asesoramiento en el año posterior a que haya recibido la solicitud. El Poder Ejecutivo tendrá la facultad de extender por un año más ese plazo en el caso de colectivos de afiliados determinados en función de su edad, ante circunstancias excepcionales y por resolución fundada.
La desafiliación solamente podrá realizarse en los 90 días posteriores a contar desde el día siguiente en que se brindó asesoramiento al interesado. Si la desafiliación no se concreta en ese plazo o el interesado no comparece a recibir el asesoramiento el trámite quedará sin efecto. Para la desafiliación deberá constar expresamente el consentimiento del trabajador.
El BPS realizará un contrato de fideicomiso de administración con un fiduciario que deberá estar autorizado por el Banco Central del Uruguay. Se constituirá con todos los fondos correspondientes a las personas que opten por desafiliarse del régimen de jubilación de ahorro obligatorio. Invertirá en títulos públicos, depósitos y valores de renta fija y estará exonerado de impuestos.
A partir del sexto año de constituido el fideicomiso le transferirá al BPS partidas anuales pagaderas semestralmente durante 20 años. La transferencia de cada año será igual al monto que resulte de dividir el total de activos del fideicomiso acumulados al cierre del año anterior, entre la cantidad de años remanentes hasta que se llegue a las dos décadas.
Expresamente el gobierno establece que los gastos que la aplicación de la ley generara al BPS serán atendidos, en caso de ser necesario, por Rentas Generales.
Reacciones.
Hugo Bai, economista del instituto “Cuesta-Duarte”, que asesora al Pit-Cnt y que impulsó una solución en la línea que ahora propone el Poder Ejecutivo dijo a El País que en una primera evaluación “en líneas generales contempla buena parte de los planteos que teníamos en el anteproyecto”, aunque reconoció que “hay algún matiz” respecto a las tres franjas establecidas para que los interesados puedan solicitar asesoramiento.
Ramón Ruiz, director del BPS dará hoy un informe de evaluación al Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt sobre el proyecto. Bai valoró que son apropiados los instrumentos de inversión elegidos para el fideicomiso porque “tienen bajo riesgo y rentabilidad previsible”, pero valoró que debieron ser contemplados también quienes ya están jubilados por el sistema mixto y a quienes tampoco se le reconocieron en su totalidad los aportes previos a 1996. “En nuestro anteproyecto no estaba planteado explícitamente, pero estaba incluida la problemática de esa gente que ya se jubiló”, señaló Bai.
El diputado colorado Conrado Rodríguez cuestionó el proyecto porque “la opción al final de la vida laboral es lo mejor para los trabajadores porque los últimos años suelen ser los mejores en cuanto a remuneraciones”.
“La persona que hace la opción cuando le faltan por lo menos seis años para jubilarse no está haciendo una opción con todos los datos arriba de la mesa. El proyecto es equivocado porque priva a la persona de tener la mejor jubilación y el Estado tendrá que poner más dinero”, dijo el legislador, que presentó un proyecto en 2015 sobre el tema.
Rodríguez advirtió también que el fiduciario cobrará una comisión y que no está totalmente claro que el fideicomiso se vaya a destinar a pagar las jubilaciones y mencionó, como advertencia, que recientemente el gobierno propuso redireccionar el Fondo de Estabilidad Energética a obras de infraestructura.
El diputado blanco Pablo Abdala dijo a El País que no le gusta el artículo 5 porque en momentos en que crece la expectativa de vida se lleva al trabajador a “bastante antes de los 60 años tener que tomar una opción que es definitiva” y que eso es una “debilidad” de la iniciativa.
“Hay que descontaminar la discusión para que no sea una señal de que el régimen de las AFAP es negativo. Acá hay una situación que afecta a un número determinado de personas. Hay que tratar de acotarlo a sus justos términos. Hay quienes parten de una aversión al régimen mixto que goza de buena salud y sigue siendo conveniente para los trabajadores”, opinó.
Advirtió que las previsiones para las finanzas del BPS “no son alentadoras” lo que obliga a la prudencia.
Las AFAP ven riesgo de manejo no profesional.
Sebastián Peaguda de la Asociación Nacional de AFAP dijo a El País que la administración de los fondos del BPS podría no ser profesional, que no está establecido que los fondos se utilicen para pagar jubilaciones ni qué rentabilidad deben arrojar. También advirtió que “el sistema anterior era insolvente” y que hay que evitar “que volvamos a eso”. El espectro de beneficiarios no debería definirse en términos generacionales sino tomando en cuenta la situación de aquellos cuyos aportes no fueron reconocidos.
Forteza: “Se está agujereando el sistema aumentando el costo”.
El experto en seguridad social, Álvaro Forteza, es muy crítico de la solución propuesta. “No se está atendiendo el problema original. El BPS no estaba tomando el total de los aportes realizados antes de abril de 1996. Lo lógico era resolver eso y no es lo que se está resolviendo. Se está estableciendo que quienes estén entre 50 y 60 van a tener la opción de ampararse por esta ley. Se está incluyendo a muchísima gente más a la que no había motivos para cambiar las condiciones. Van a congestionar al BPS”, advirtió.
El reclamo original de quienes pedían una solución abarcaba a quienes ganaban en abril de 1996 más de lo que hoy son $ 50.000, unas 30.000 personas. Pero la fórmula adoptada podría llegar a abarcar a 200.000. Los cálculos realizados por el gobierno señalan que el costo para el Estado de contemplar a todo ese universo podría oscilar entre US$ 121 millones y US$ 186 millones. En Uruguay los trabajadores se jubilan en promedio a los 63 años.
“Se está aprovechando para desafiliar gente de las AFAP. Se está agujereando el sistema por una razón que no tiene nada que ver. Es la oportunidad de sacar gente del sistema mixto. Si lo que se quiere es reformar el sistema que se plantee una reforma. Cualquier solución implica gasto. Y se está aumentando el costo innecesariamente”, consideró Forteza. A su juicio, la solución pasa por reconocer los aportes previos a 1996. “Esto no requiere que pasen fondos de las AFAP al BPS. El fideicomiso será como una AFAP”, señaló.
Forteza advirtió también que podrían “patear” quienes ya se jubilaron por cumplir 60 años o quienes lo hicieron anticipadamente por invalidez pero que estaban en situación similar en cuanto aportes a quienes tendrán ahora una nueva opción. “Hay además gente de 50 que quizás antes de 1996 tuvo alguno de sus 20 mejores años de aportes, que no se los están considerando y no veo razón para que se los discrimine”, sostuvo Forteza.
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